Juan Mestre04/10/02 0:00
TW
0

Un informe jurídico realizado por el secretario del Consell Insular de Mallorca sostiene que Maria Antònia Munar no ha incurrido en ninguna incompatibilidad por el hecho de que la empresa Bamusa transporte grava que se utiliza para construir las carreteras que promueve la institución insular. El informe señala que «Bamusa no contrata con el Consell de Mallorca "no hay relación directa entre estas dos entidades, sino que intervienen terceras personas" y se puede considerar, desde el punto de vista jurídico, que no se da ningún supuesto de incompatibilidad».

Dicho informe fue entregado ayer a todos los grupos políticos de la institución insular en la reunión de portavoces, que también escucharon la versión de la propia Munar. Posteriormente, la presidenta del Consell declaró que «sabía que no existía incompatibilidad». «No es incompatible tener una empresa en un tanto por ciento y que esta sociedad se dedique a una actividad que no tiene ninguna relación directa con el Consell», precisó Munar.

Añadió que «el Consell recibió las competencias hace unos meses y contrata a aquellas empresas que, a través de concurso, ofrecen el mejor precio. Cuando consiguen el contrato lo que hacen es subcontratar con empresas que hacen las distintas obras de carreteras. Entre estas empresas están las plantas de aglomerado asfáltico, que se nutren de grava. Y Bamusa ha transportado algunos de estos áridos que han sido transportados, a cargo de los propietarios de las canteras, hasta las plantas de aglomerado. Es una relación en quinto o sexto grado dentro de una libertad total de mercado».

Munar aclaró que Bamusa hace «unos 20 años que existe y en ese momento no sabíamos que yo presidiría el Consell y que asumiríamos las competencias de carreteras». «Me he sentido perseguida», admitió la presidenta del Consell, quien aseguró haber recibido el apoyo «de algunos dirigentes del Pacte». «Lo que está claro es que hay gente del PP que no está detrás de este asunto», añadió la presidenta de Unió Mallorquina. Munar teme que con algunas informaciones «las empresas de las Islas se sientan amenazadas».