El llamado «caso Formentera» parece estar llegando a su fin, al
menos de momento, con la decisión del Tribunal Supremo de devolver
la causa a Balears, al no encontrar pruebas para imputar a los dos
aforados, el ministro Jaume Matas y la diputada Rosa Estaràs.
El TSJB puede actuar contra otros imputados, pero tras el
respaldo de los magistrados del Alto Tribunal al juez instructor de
Palma, Antonio Monserrat, todo hace prever que éste, tras abrir un
nuevo plazo para alegaciones, archivará de nuevo el caso.
Obviamente, cabrá nuevo recurso. Sin embargo, a esas alturas el
asunto estará ya en vía muerta.
Es cierto que la exculpación que hace el Supremo de Matas y
Estaràs es condicionada. Si surgieran nuevos indicios contra ambos
debería volver el caso a Madrid. Pero parece difícil que lo que no
haya aparecido hasta ahora pueda surgir en los próximos meses.
Ya desde el principio se tuvo claro que el presunto delito
electoral sería prácticamente imposible de probar. El Supremo se ha
encargado de desmontar todos los indicios señalados por la
acusación particular y por la Fiscalía y el TSJB, aunque admite que
posiblemente fue indebida la inscripción en el censo electoral de
72 residentes en Argentina. Pero aquí acaba todo.
Como es natural, desde las filas del PP la satisfacción ha sido
plena y han concluido que toda la trama no era sino un intento
político de desprestigiarles desde el Pacte de Progrés, que insiste
en sus argumentos.
En cierto modo, queda despejado el camino electoral. Sólo falta
que se confirme la más que probable candidatura de Matas, que sale
reforzado tras las dos decisiones del Supremo en los casos
Formentera y Bitel. Pero quien decidirá el color del nuevo Govern
en el 2003 no serán los jueces, serán los ciudadanos. Todo lo que
ha ocurrido tendrá su reflejo en las urnas.
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