El auto decreta el archivo del grueso de las actuaciones, tal y
como hizo en su escrito anterior del mes de marzo, y pide que se
deduzca testimonio a varios particulares por otro presunto delito.
Monserrat ya decretó el archivo del caso el pasado mes de marzo,
aunque la Sala de lo Civil y Penal del TSJB ordenó después su
reapertura y remisión al Tribunal Supremo (TS), para llamar a
declarar al ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Gobierno
balear, Jaume Matas, y a la actual diputada nacional del PP y ex
consejera de Presidencia, Rosa Estarás.
El pasado mes de octubre, el TS devolvió el caso a los
tribunales de Baleares, al considerar que «no ha lugar por ahora a
iniciar procedimiento contra Matas ni Estarás». Antonio Monserrat
dedica la mayor parte de los diez folios del auto a constatar que
no existe delito electoral en la inscripción de 74 emigrantes de
Baleares en Rosario (Argentina) y se limita a repetir que «no puede
hablarse de delito de malversación sin que, previamente, haya
delito electoral».
En los razonamientos jurídicos, el juez señala que, una vez
devuelto el caso del TS, procedía a investigar aquellos puntos que
pudieran dar lugar a dudas y sospechas sobre la inscripción en el
Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Formentera de 74
emigrantes baleares en Argentina. Para ello, recuerda que ordenó el
secreto del sumario y que practicó las pruebas pertinentes, que,
desde su punto de vista, han permitido demostrar que la inscripción
de estas 74 personas obedecía en su mayor parte al deseo de
adquirir una vivienda en Formentera, dentro del llamado proyecto
«Casa del emigrante balear santafesino».
También quedó aclarada «la ausencia de influencia externa que se
hubiera ejercido por enviados o personajes del entonces Govern
balear», sobre todo «contando con las unánimes declaraciones de los
electores argentinos, que descartaron rotundamente cualquier tipo
de presión y hasta de sugerencia», añade el escrito judicial.
«Desde la perspectiva argentina, no creo que existan tantas
diferencias entre las islas que componen las Baleares», asegura
Monserrat, quien considera que, en todo caso, «del coincidente
deseo de determinadas personas residentes en el extranjero de
inscribirse en un determinado lugar, no parece que pueda
desprenderse derivación penal de ninguna clase».
El magistrado indica, igualmente, que los supuestos cambios de
domicilio electoral que se habrían producido una vez convocadas las
elecciones no han resultado tales, según se desprende de sus
investigaciones en la Oficina del Censo Electoral. Aunque admite
que puede haber «dudas, sospechas, conjeturas y suposiciones», que
Monserrat achaca al sistema electoral español «sumamente deficiente
en su conjunto», precisa que, a su entender, «no alcanzan la
categoría suficiente para deducir la existencia de un delito sobre
bases objetivas, fundadas y comprobadas». En su opinión, «para
hablar de un delito electoral ha de tratarse de infracciones
dolosas de los funcionarios públicos y de los particulares que
participen», lo que exigiría «una confabulación criminal entre los
electores argentinos, los funcionarios del Consulado de Rosario y
los funcionarios de la Oficina del Censo Electoral en Baleares».
«Sin contar -añade- con los necesarios inductores y organizadores,
entre los que habría que contar al Ministerio de Asuntos
Exteriores, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Govern balear
de entonces, todo lo que exige un esfuerzo de imaginación
inaceptable».
También profundiza el auto en la contratación de María de la Pau
Segura -una de las coautoras, junto con su padre, Miquel, de los
supuestos informes sobre posibilidades de captación de votos para
el PP balear entre los emigrantes en Sudamérica- y en los viajes
que realizó a Latinoamérica. Así, decide que se investigue la
supuesta falsa entrevista realizada para contratar a María de la
Pau Segura y que se tome testimonio a la ex directora general de
Promoción Industrial, Rosa Grijalba; del ex jefe del Servicio de
Promoción Industrial, Angel Gallego, y del técnico de Promoción
Industrial Joan Fortuny.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha investigado
varios supuestos delitos relacionados con la presunta utilización
de fondos públicos por parte del anterior Gobierno balear,
presidido por Matas, para captar el voto de emigrantes de Baleares
en Sudamérica en favor del PP en las elecciones autonómicas de
1999.
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