La batalla judicial en el «caso Formentera» continuará. El
PSIB-PSOE y EU, como acusación particular en la causa, confirmaron
que recurrirán la decisión de su archivo y manifestaron que «no nos
extraña» el contenido del auto dictado por el magistrado instructor
del Tribunal Superior de Justicia, Antoni Monserrat. Ambos partidos
criticaron ayer al magistrado porque en el auto por el que archiva
el «caso Formentera» ni «investiga» ni «instruye», sino que
«sentencia de manera absolutoria hacia una parte», en alusión a los
supuestos implicados, por lo que «esto no es la función de juez
instructor».
Ambos partidos recurrirán el archivo de esta causa en la que se
investiga la supuesta utilización irregular de fondos públicos por
parte del anterior Govern del PP, con el propósito de captar votos
en Argentina con ocasión de las elecciones autonómicas de 1999.
«Nos indignan los argumentos que emplea con mucha frivolidad un
miembro de la magistratura», afirmó durante una rueda de prensa el
secretario de Organización del PSIB-PSOE, Salvador Cánoves, que
recordó que existen informes en los que se explica la «trama» de
captación de votos de emigrantes argentinos, de los que hasta 74 se
inscribieron en la isla de Formentera, aunque sólo uno tenía
relación con esta isla de Balears.
En concreto, Cánoves lamentó que el juez escriba que es de «un
esfuerzo de imaginación inaceptable» que pudiera existir una
confabulación entre electores argentinos, funcionarios del
Consulado de Rosario (Argentina) y funcionarios del Censo Electoral
de Balears, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el
Govern balear presidido por el PP. «La función de un juez
instructor -mantuvo Cánoves- es intentar averiguar la verdad y si
cree que hay indicios de delito, debe solicitar que se abra juicio
para aclarar la verdad de lo que sucedió».
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