Si en un plazo de cinco días desde de la presentación de la
denuncia el alcalde no ha actuado, entonces el Consell Insular se
subrogará automáticamente en las competencias de disciplina
urbanística y el ayuntamiento quedará fuera de cualquier futura
actuación. Pero si pasados otros cinco días el Consell tampoco ha
actuado la Conselleria de Medi Ambient se subrogará y llevará
adelante la tramitación del expediente de infracción, sin que el
Consell pueda decir nada.
La ley de biodiversidad recoge que la construcción de
edificaciones de nueva planta o la reforma de las existentes con
más de un 25% del volumen original será considerado como una
infracción muy grave que podrá ser sancionada con una multa que irá
entre los 60.000 y los 3 millones de euros. Además, se prevé la
demolición total de las obras ilegales que irá a cargo del
propietario de la construcción.
En el caso que las obras sin permiso afecten a menos del 25% de
lo ya edificado la sanción será más suave y oscilará entre los
6.000 y los 60.000 euros. Por si eso no bastara, se prevé que las
infracciones muy graves no prescriban hasta los 15 años. Con este
conjunto de medidas de disciplina urbanística la Conselleria de
Medi Ambiente quiere garantizar que las diferentes instituciones
harán cumplir la normativa urbanística vigente en estos momentos en
los espacios protegidos y, a la vez, poder disponer de los
mecanismos legales adecuados para intervenir de oficio si hace
falta.
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