El Pacte de Progrés no ha podido sacar adelante en estos cuatro
años un total de diez leyes que han decaído como consecuencia del
'cierre' del Parlament. El último periodo de sesiones de la
legislatura ha acabado sin que finalice la tramitación de estos
diez textos, por lo que, si el próximo Govern quiere volver a
presentarlos, deberá iniciar de nuevo todo el proceso de
tramitación, desde su aprobación por parte del Consell de Govern
hasta los trabajos de ponencia, comisión y pleno del Parlament.
Entre las leyes que han decaído por su falta de tramitación hay
algunas tan importantes como la reforma del Reglamento de la
Cámara, el proyecto de ley de crecimiento urbanístico -la ley de
cupos- o la proposición de ley de reforma del Estatut.
Esta última iniciativa se encontraba todavía en un proceso tan
embrionario que ni siquiera había iniciado los trabajos de
ponencia. La no aprobación de la reforma del Estatut supone el
incumplimiento de un mandato del pleno del Parlament, que en
octubre de 2002 emplazó a los grupos parlamentarios a iniciar los
trabajos para conseguir esta modificación.
Sin embargo, tal vez el símbolo de la incapacidad del Pacte para
aprobar las leyes que él mismo ha presentado se encuentra en la ley
de cupos. El Consell de Govern aprobó este ley en julio del año
pasado y pidió que el texto se tramitara por vía de urgencia, lo
que significa que la ley podía haber estar vigente desde el año
pasado. Las profundas divergencias entre los partidos del Pacte han
impedido la aprobación de una de las leyes esenciales para los
partidos de izquierdas.
Otra ley esencial, la propuesta de reforma del Reglamento, no ha
podido aprobarse a pesar de que su tramitación ya estaba finalizada
y tan sólo estaba pendiente su aprobación por parte del pleno. En
este caso, las discrepancias surgieron en el último momento después
de que la comisión parlamentaria aprobara suprimir la «lealtad al
Rey» en el juramento que deben pronunciar los diputados para tomar
posesión de su cargo. El Pacte prefirió no someter el texto a
votación ante la clara evidencia de que el PP votaría en contra y
haría imposible su aprobación por unanimidad, una norma política no
escrita que siempre se ha seguido en todas las reformas del
Reglamento.
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