El 70% de los menores privados de libertad provienen de Palma,
según refleja la Memoria-2002 hecha pública ayer por la consellera
de Benestar Social, Fernanda Caro, y la directora general de Menors
i Familia, Aina Rado. Ese porcentaje, y el número de menores de
otras comunidades, además de menores extranjeros se ha incrementado
un 200% respecto a 2001. Con respecto a las otras islas, no hubo
ningún joven detenido proveniente de Menorca, y desde Eivissa un
solo menor estuvo internado en los centros de Es Pinaret y Es
Fusteret el pasado año.
Los menores atendidos en esos centros de Palma fueron 74, frente
a los 59 de 2001 y 31 en 2000. Asimismo, 601 jóvenes infractores de
Balears -529 en régimen abierto y 74 en situación de internamiento
total o parcial- participaron en el año 2002 en los programas
sociales y educativos de Benestar Social con la intención de
procurar su inserción en la sociedad, explicó Caro. Esta asistencia
social se deriva de la aplicación de la Ley Penal Juvenil, aprobada
en el año 2000, y su objetivo es ofrecer distintos tipos de
tratamiento a los jóvenes que cometen delitos, desde
socieducativas, psicológicas o psiquiátricas.
La consellera se refirió a la importancia de la prevención con
el fin de evitar coyunturas de conflicto juvenil y, sobre todo, que
éstas se conviertan en «crónicas y se transformen en situaciones
graves». En el apartado de familia, el programa para familias
desfavorecidas y en situación de riesgo atendió a un total de 1.102
gracias a un presupuesto de 765.576 euros, de los que 136.319 euros
fueron subvenciones. El programa de mediación -dirigido a atender
situaciones de ruptura de parejas- ayudó a 372 familias, al tiempo
que el referido a familias monoparentales atendió a 210 familias.
Mientras tanto, 97 parejas estables se registraron en 2002 tras las
975 consultas recibidas.
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