El Govern de Balears considera que la gestión del tratamiento de
los residuos sólidos es un «asunto de interés general» sobre el que
debe tener la última palabra y por ello se ha personado ante el
Tribunal Constitucional. Según explicó ayer el portavoz del
Ejecutivo y conseller de Presidència, Antoni Garcías, los servicios
jurídicos del Govern han considerado que debe defender esta
posición en los tribunales y enfrentarse al recurso presentado por
16 ayuntamientos de Mallorca, entre ellos el de Palma.
Así el Govern se personará ante el Tribunal Constitucional en
defensa de la ley que permite a instituciones supramunicipales
actuar en materia de residuos sólidos en municipios sin la
necesidad de autorización, norma contra la que pleitearon los
ayuntamientos por considerar que mermaba su autonomía municipal. El
portavoz del Ejecutivo, Antoni Garcías, recordó que el Consell de
Govern decidió personarse en este conflicto, referido a la Ley
9/2000 del Parlament, que modificaba la 12/1999 de medidas
tributarias, administrativas y de función pública y económicas.
El TC comunicó el pasado día 7 que admitía a trámite el
conflicto interpuesto por los consistorios de Palma, Llucmajor,
Consell, Lloret de Vistalegre, Andratx, Santanyí, Sa Pobla,
Bunyola, Campos, Selva, Sencelles, Valldemossa, Deiá, Estellencs,
Escorca y Muro por entender que la citada norma invade su autonomía
cuando excluye del régimen de licencias, autorizaciones e informes
municipales algunas actuaciones en materia de residuos. Los
servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico argumentan en defensa
de la ley, entre otras razones, que la autonomía local «tiene su
límite en intereses generales confiados a otras administraciones» y
que «contiene adecuada justificación».
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