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Que la Administración de Justicia en nuestro país necesitaba una urgente reforma era algo más que conocido y exigido por todos y ayer, por fin, empezó a verse una de las novedades que, si se cumplen los pronósticos, podrá aligerar el inmenso volumen de trabajo de los juzgados. Se trata de la puesta en marcha de la ley de juicios rápidos, que permitirá resolver en cuestión de horas o días lo que antaño se demoraba meses e incluso años. Palma estrenó esta nueva modalidad con algunos inconvenientes que, de haber habido mayor capacidad de previsión, se habrían evitado.

Es algo, la tendencia a la improvisación y a la chapuza, que suele darse habitualmente en nuestro país y casi la aceptamos como natural, pero que no debería serlo. Las dependencias donde debían celebrarse estos juicios todavía están en obras, se produjeron fallos informáticos en el sistema central de Madrid y se notó descoordinación entre los efectivos policiales, que entregaron los atestados fuera del límite horario previsto, problemas que quedarán resueltos una vez que el modelo haya rodado lo suficiente.

Aun así la medida es positiva, porque ahorrará tiempo a los profesionales de la justicia y también a los acusados de delitos penales de poca gravedad. Pese a ello, no todos están conformes con el planteamiento, ya que, a juicio de algunos implicados, las garantías procesales no estarán completamente cubiertas con este sistema. También los sindicatos creen abusivo el aumento de la jornada laboral de los fucionarios de Justicia para poder hacer frente al volumen de trabajo. De ser así, una vez más, habrá que reclamar más medios y presupuesto para un área, la de la Justicia, fundamental para el normal desarrollo de una sociedad democrática.