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El decano del Colegio de Abogados de Balears, Joan Font, anunció ayer que parte de los juicios rápidos que deberían de haberse celebrado en Balears durante sus tres primeros días de funcionamiento, han sido suspendidos por falta de medios al alcance de la Administración de Justicia, aunque manifestó que todavía es pronto para realizar un balance objetivo de esta nueva experiencia jurídica. Puso el ejemplo de un ciudadano alemán acusado de malos tratos que no pudo ser juzgado por la falta de intérprete; y otro caso que tuvo que ser aplazado al no asistir el perito judicial.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, presente en las Jornadas de Escuelas de Prácticas Jurídicas que, desde ayer y hasta mañana sábado, abordan en Palma el futuro del acceso a la profesión, se declaró «muy orgulloso» de la respuesta de los colegios a la práctica de los juicios rápidos.

El tema estrella de las jornadas, no obstante, fue el análisis del borrador del anteproyecto de ley que tramita el Gobierno para regular el acceso de los licenciados en derecho a la práctica jurídica, ya que España es hasta el momento el «único país occidental» que no establece una prueba de acceso para ejercer. Carnicer cree que el 25 por ciento de los colegiados no están capacitados para la práctica jurídica.