Aznar ha presentado la inclusión de Batasuna en las listas de
grupos terroristas internacionales de Estados Unidos como un logro
político para España después de haber prestado apoyo a Washington
en sus empresas belicistas en Irak. Quizá sea un logro personal del
presidente del Gobierno, pero resulta algo más dudoso que nuestro
país pueda beneficiarse de una medida más simbólica que otra cosa.
Porque el hecho de que los miembros de esa coalición política no
puedan entrar en territorio estadounidense o no puedan tener allí
cuentas bancarias poco puede contribuir en la lucha contra el
terrorismo etarra.
Y ahí es precisamente donde está equid de esta cuestión. En que
la lucha contra el terror de ETA debe centrarse aquí, en España, y
en los países europeos que puedan prestar su valiosa ayuda,
especialmente Francia. Que Washington nos muestre solidaridad y
apoyo está muy bien, pero en términos de eficacia no parece
demasiado importante.
Otra cosa son los conceptos. Porque si Batasuna es, en efecto,
un grupo terrorista, como afirman en Norteamérica, ¿por qué no lo
es en España? Y, si lo es a tenor de las últimas decisiones
judiciales al respecto, ¿por qué no están detenidos y puestos a
disposición del juez todos sus miembros?
Hemos de suponer que terrorista es aquél que comete cualquiera
de los delitos que figuran en la Ley Antiterrorista. ¿Lo son los
miembros de Batasuna, de Euskal Herritarrok o de AuB? Está claro
que las respuestas debe tenerlas el Parlamento español, con todos
los partidos representados en él, y no el presidente de un país
extranjero que, además, no valora excesivamente las garantías
procesales de quienes considera «terroristas», como los detenidos
que todavía esperan en Guantánamo.
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