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Muchos norteamericanos lo están diciendo estos días en un tono contundente: «Trabajamos duro y pagamos nuestros impuestos, así que si hay dinero para guerras, también debería haberlo para atender a los ancianos». El reproche no puede estar más justificado, reconocido el desastre que el mandato de Bush está suponiendo en el aspecto económico. En estos dos años y meses que el país lleva bajo la gestión de su actual presidente, en Estados Unidos se han perdido 2'6 millones de empleos, elevándose la cifra total de parados hasta los 8'8 millones.

Algo que tiene prácticamente colapsado el mercado laboral y pone a la gran nación al borde de una recesión económica sin precedentes, ya que de hecho se vive una crisis financiera que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. El superávit presupuestario heredado de la época de Clinton se ha convertido en un déficit próximo a los 312.500 millones de euros, lo que unido a otros factores económicos está empujando la cotización del dólar a una preocupante baja.

La situación es tal que las arcas vacías de muchos estados están llevando a sus responsables a tomar decisiones francamente insólitas; ya no se trata tan sólo del anunciado recorte de determinados programas sociales, sino de medidas tan excepcionales como la adoptada en Kentucky, en donde se está liberando a los presos de las penitenciarías antes de tiempo a fin de hacer más llevaderas las cargas de las arcas estatales.

Mientras, se despiden funcionarios municipales, se acortan los cursos escolares y se eliminan todo tipo de servicios públicos, al tiempo que el belicoso presidente Bush sigue proponiendo un programa de estabilización -cuando la desestabilización es ya demasiado pronunciada- basado en el recorte de impuestos. Los expertos andan desorientados y la inmensa mayoría de la nación, también.