El Informe del Defensor del Pueblo referido a 2002 destaca entre
sus conclusiones las dilaciones en algunas salas del Tribunal
Superior de Justicia de Balears y el entorpecimiento a su labor por
parte de los ayuntamientos de las Islas. El Defensor del Pueblo
reclama medidas para recortar las dilaciones que se producen en
determinadas salas de los tribunales superiores de justicia de
Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y
Balears.
El informe considera que «el derecho fundamental a un proceso
sin dilaciones indebidas no ha encontrado todavía cumplimiento en
la vida diaria de los tribunales» y explica que, un año más, un
buen número de ciudadanos se ven afectados por la lentitud de la
Justicia. En cuanto a las administraciones que entorpecen la labor
del Defensor, se destacan el Ministerio de Fomento y los
ayuntamientos de Balears, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura,
La Rioja, Canarias, Asturias, Cantabria y Valencia.
En 2002 fueron remitidas desde Balears 268 quejas al Defensor
del Pueblo, un aumento del 8% respecto a las reclamaciones
planteadas a esta institución desde las Islas en 2001.
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