El fiscal de la Sección de Menores del Tribunal Superior de
Justicia de Balears, José Díaz Cappa, denunció ayer la «falta de
medios» que existe tanto en las Islas como en otras comunidades
para aplicar las medidas previstas en la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor para facilitar la reinserción de los menores. La
carencia fundamental, apuntó, afecta a los tratamientos
terapéuticos y ambulatorios que muchos menores precisan.
Ésta fue una de las principales conclusiones del primer día de
las III jornadas sobre «El derecho y la administración pública ante
los nuevos retos de la protección de menores en España», que se
celebran desde ayer en el Parlament balear, organizadas por la
Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Consell
de Mallorca. En su intervención en una mesa redonda sobre «La
protección procesal del menor», Díaz Cappa reconoció que Balears
«está dentro de las más llamativas por el elevado número de delitos
cometidos por menores», tanto que situó a las Islas «en el cuarto
lugar a nivel nacional».
En el mismo sentido que el fiscal se pronunció, durante la
inauguración de las jornadas, Margarita Retuerto, defensora del
paciente de la Comunidad de Madrid y patrona de la Fundación
Aequitas, para quien «los derechos, en este caso los del menor, no
sólo hay que definirlos, sino también garantizarlos, pues de lo
contrario son sólo una entelequia jurídica».
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