El presidente del Gobierno, José María Aznar, advertía ayer que
van a perder quienes pretendan echar un pulso al Estado,
refiriéndose al conflicto desatado entre la Cámara vasca y el
Tribunal Supremo, después de las resoluciones de este último a raíz
de todo el asunto de la orden de disolución del grupo Sozialista
Abertzaleak, heredero de Batasuna, disolución rechazada por el
presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y los integrantes de
la Mesa de Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida.
Este espinoso asunto va mucho más allá de un simple conflicto de
competencias entre instituciones. Desde la Cámara vasca, los
nacionalistas consideran que ningún organismo puede ir contra la
misma por lo que respecta a su reglamento. Esto es una falacia
porque los legisladores también deben estar sujetos a lo que dictan
los organismos judiciales pertinentes.
Si una resolución del Tribunal Supremo deja de cumplirse por
razones políticas, muchos son los ciudadanos que podrían recriminar
a las autoridades un doble rasero en la aplicación de la Justicia,
con toda la gravedad que ello lleva implícito.
Ahora bien, tampoco es bueno que desde el Gobierno de Aznar se
lancen mensajes amenazantes. Esta creciente tensión no hace sino
empeorar las de por sí deterioradas relaciones entre los
nacionalistas y los llamados constitucionalistas. Ya va siendo
ahora de que todas las fuerzas políticas se sienten a hablar del
asunto vasco sin establecer barreras insalvables desde el primer
momento. El diálogo es, en estos momentos, fundamental. Cierto es
que las leyes pueden ser modificadas e incluso derogadas, pero
mientras están en vigor, todos debemos cumplirlas seamos
parlamentarios o simples ciudadanos.
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