La Unión de Consumidores de Balears-UCE solicitará al Govern balear
que regule la intermediación inmobiliaria para evitar el fraude en
el sector y contribuir a la estabilización de los precios, según
anunció ayer el presidente de la asociación, José Reguera Blanco,
tras firmar un convenio marco de buenas prácticas con la secretaria
general de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios,
Rosa Piñones, entidad que agrupa a 1.200 profesionales españoles de
los que 50 operan en el Archipiélago.
Reguera solicitará al nuevo Ejecutivo autonómico el registro
obligatorio del cien por cien de los intermediarios inmobiliarios
que operan en las Islas con el objetivo de eliminar las prácticas
fraudulentas del mercado y a quienes las cometen, al tiempo que
propondrá la creación de un reglamento punitivo para asegurar el
cumplimiento de la regulación.
Tanto el presidente de la Asociación de Consumidores de Balears
como la secretaria general de Expertos Inmobiliarios afirmaron que
la política de liberalización del sector aprobada en el año 2000
por el Gobierno Central «ha fracasado» y se ha traducido en un
incremento de precios. Por esa razón, los prestadores de servicios
(empresas inmobiliarias) y los preceptores (consumidores) han
firmado un acuerdo de autorregulación en Balears, el quinto que se
suscribe en España.
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