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La Unión de Consumidores de Balears-UCE solicitará al Govern balear que regule la intermediación inmobiliaria para evitar el fraude en el sector y contribuir a la estabilización de los precios, según anunció ayer el presidente de la asociación, José Reguera Blanco, tras firmar un convenio marco de buenas prácticas con la secretaria general de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Rosa Piñones, entidad que agrupa a 1.200 profesionales españoles de los que 50 operan en el Archipiélago.

Reguera solicitará al nuevo Ejecutivo autonómico el registro obligatorio del cien por cien de los intermediarios inmobiliarios que operan en las Islas con el objetivo de eliminar las prácticas fraudulentas del mercado y a quienes las cometen, al tiempo que propondrá la creación de un reglamento punitivo para asegurar el cumplimiento de la regulación.

Tanto el presidente de la Asociación de Consumidores de Balears como la secretaria general de Expertos Inmobiliarios afirmaron que la política de liberalización del sector aprobada en el año 2000 por el Gobierno Central «ha fracasado» y se ha traducido en un incremento de precios. Por esa razón, los prestadores de servicios (empresas inmobiliarias) y los preceptores (consumidores) han firmado un acuerdo de autorregulación en Balears, el quinto que se suscribe en España.