J. L. Ruiz Collado06/07/03 0:00
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La problemática sobre las empresas de coches de alquiler («rent a car») que tienen de manera ilegal sus vehículos en suelo turístico, se ha agudizado en plena temporada de verano, tras las últimas intervenciones del Ajuntament de Palma de finales de junio, que propició el cierre de empresas situadas en Son Fangos. La situación ha entrado en una fase delicada en la que las patronales en disputa, Transcar y AEVAB, están utilizando todos los medios legales para imponer sus tesis, circunstancia que ha obligado al Ayuntament de Palma ha estudiar una modificación del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) para solventar de una vez por todas el problema, aunque Cort seguirá aplicando los decretos de cierre aprobados en su día.

El Ajuntament simplemente está ejecutando la decisión adoptada en el pleno municipal celebrado el 28 de noviembre de 2002, en el que por unanimidad de todos los grupos se aprobó cerrar los «rent a car» que tuvieran un expediente abierto por tener sus coches en suelo rústico. Esta medida afectaba, en principio, a unas quince grandes empresas de alquiler de coches y a un total de unos 15.000 vehículos.

El Ayuntament ya recordaba entonces que la actual legislación establece que la actividad en suelo rústico no es legal ni legalizable, por lo que todas las empresas que tengan un expediente abierto se verán obligadas al cierre y a restituir el espacio en el estado en que se encontraba antes de que depositasen sus vehículos allí.