P. Candia10/07/03 0:00
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La investigación del «caso Formentera», el supuesto delito electoral cometido por dirigentes del PP en las elecciones autonómicas de 1999, tiene sus días contados en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). La decisión del Ejecutivo que preside Jaume Matas de designar senador a Carlos Gutiérrez, uno de los imputados en la causa, le confiere la condición de aforado y, por tanto, anula la instrucción que está desarrollando en Palma el magistrado Antoni Monserrat. Gutiérrez ocupaba el cargo de secretario general técnico de Agricultura, Comerç i Indústria y está imputado por firmar algunas de las contrataciones de personas que son objeto de investigación en la causa.

De hecho, la Sala de lo Civil y Penal del TSJB esperaba, ayer, que se produjese la toma de posesión de Gutiérrez para dirigirse al Parlament y confirmar su condición de senador para remitir, después, la causa a Madrid. A esa iniciativa se sumará, asimismo, un escrito que elevará el abogado defensor Rafael Perera al juez Monserrat, solicitándole que dé traslado de la causa al Tribunal Supremo debido al nombramiento de Gutiérrez. Pero, al margen de la posible inhibición del juez Monserrat, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, también ha solicitado a los magistrados de la Sala Segunda de ese Alto Tribunal, que asuman las competencias sobre el «caso Formentera» al entender que el supuesto delito (electoral) que se investiga, «fue cometido fuera de la Comunidad Autónoma, concretamente en el extranjero, supuestamente por algún empleado consular».

José María Luzón es el mismo fiscal que en mayo de 2002 había llegado a la conclusión de que el posible uso de viajes institucionales para la atracción del voto institucional puede ser «estética e incluso éticamente reprochable, pero en modo alguno puede constituir ni un delito electoral ni de malversación».