El Govern, condenado a pagar 10.000 euros a una funcionaria por «mobbing»

El Govern balear tendrá que pagar a la funcionaria que presentó la demanda una indemnización de 10.000 euros por los perjuicios causados y las costas del proceso, según consta en la sentencia, contra la cual cabe interponer recurso de apelación por parte de la Administración autonómica.

La funcionaria A.G.R., asistida por el letrado Marc González Sabater, interpuso un recurso contra la resolución del conseller d'Educació i Cultura del Govern, de 15 de julio de 2002, por el cual se desestimaba un recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Direcció General de Personal Docent.

Esta resolución de la Direcció General de Personal Docent, de 12 de septiembre de 2000, acordó la adscripción de la funcionaria a la Direcció General d'Ordenació i Innovació durante el curso académico 2000-2201 para la realización de labores de apoyo administrativo cuando la funcionaria era, con anterioridad, maestra de un centro de educación infantil.

Según el escrito de la sentencia las pruebas demuestran «la absoluta falta de justificación de la adscripción temporal acordada» y que las condiciones en el cual se adoptaron las medidas de adscripción temporal, la marginación profesional derivada a la adscripción a un lugar indeterminado» y para llevar a cabo «labores de apoyo administrativo absolutamente inadecuadas a la categoría profesional de la recurrente» eran injustificadas; además del mantenimiento «durante dos años en la adscripción temporal cuando inicialmente sólo se había acordado para el curso académico».

La Conselleria d'Educació está estudiando la posibilidad de apelar la sentencia dictada por el magistrado Ramon Corbs, del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma.