Los precios de las gasolinas

La sospecha de que las citadas compañías llevaban a cabo prácticas restrictivas de la competencia rozaba la evidencia a la vista de una serie de hechos objetivos. Pese a ello, la denuncia fue archivada, tanto por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, como por el Tribunal de Defensa de la Competencia. El «carpetazo» causó estupor entre quienes pensaban, con fundadas razones, que las tres grandes petroleras seguían una estrategia cuyo objetivo último era cerrar el mercado español a la entrada de potenciales competidores.

De común acuerdo, las tres compañías desplegaban una encarnizada guerra de precios contra estaciones de servicio no ligadas a ninguna de ellas. Aquí, al proceder casi mafioso -sin contrato de abastecimiento en exclusiva, los precios eran abusivos- se une una política que posiblemente vulnera la libre competencia, lo que ha llevado al Supremo a decidir que no ha lugar a la casación y que lo procedente es investigar.

Cundía entre los consumidores ya desde hace años la sensación de que el eliminar la política monopolista no había repercutido en ventaja substancial alguna, lo que no tiene nada de particular si tenemos en cuenta que lo que podría haber estado ocurriendo es que en lugar de padecer un solo monopolio, estábamos sometidos a tres compañías actuando a su conveniencia en régimen prácticamente monopolista. Es por ello que la decisión del Alto Tribunal está llamada a ser bien recibida no sólo por la patronal de las gasolineras, sino también por el ususario.