La Mesa del Parlamento vasco, con los votos favorables de PNV,
EA e Izquierda Unida, aprobó ayer reconocer el derecho de
Socialista Abertzaleak (antigua Batasuna) a recibir subvenciones,
decisión ésta que va contra los autos que ha dictado hasta el
momento el Tribunal Supremo sobre este asunto. Y, además, el
Gobierno vasco ha decidido demandar al Estado ante el Tribunal de
Estrasburgo por considerar que la Ley de Partidos vulnera derechos
fundamentales. Con ello, la tensión entre Vitoria y Madrid no hace
más que incrementarse y poner las cosas cada día más difíciles.
Nadie puede discutir la legitimidad de recurrir a Estrasburgo
para dirimir estas cuestiones, pero llama la atención que desde el
Ejecutivo vasco y desde el Parlamento de Vitoria se adopten medidas
con la única finalidad de devolver prerrogativas a quienes no han
hecho más que, en el mejor de los casos, hacer oídos sordos a los
brutales asesinatos de inocentes que ha cometido ETA o, en otros
momentos, aclamar como mártires a los terroristas «muertos en acto
de servicio». No deja de ser un sarcasmo. Esto, claro está, se suma
al anuncio realizado por Juan José Ibarretxe de abrir un debate
sobre su plan soberanista «pese a quien pese».
De la impresión de que, aunque es verdad que José María Aznar y
todo su Gobierno han sido opacos a cualquier cambio en Euskadi
incluso más allá de lo que sería deseable, los nacionalistas del
PNV han dejado de lado la realidad para instalarse en una ficción
que les lleva al permanente enfrentamiento no ya con las
instituciones establecidas, sino incluso con la misma Justicia en
un peligrosísimo pulso que no conduce a nada. Parece pues más
necesario que nunca reconducir la situación política en Euskadi e
instalarla dentro de los límites de la lógica.
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