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La Conselleria de Economia y Hisenda remite cada tres meses al Ministerio de Hacienda información relativa a las cuentas de 9 empresas públicas de Balears, para controlar que estas no incrementen sus niveles de endeudamiento, tal y como establece la ley de estabilidad presupuestaria. El Gobierno todavía no ha transmitido ningún requerimiento al Ejecutivo Autonómico, pese a que el total de empresas públicas de las Islas registran un volumen de endeudamiento de 365 millones de euros.

Desde el Govern afirman que esos 365 millones de euros, más los 587 millones que debe la Comunidad Autónoma, suponen un nivel de endeudamiento de más de 1.000 euros por cada ciudadano de Balears, «dejado» por el Ejecutivo del Pacte de Progrés al finalizar la pasada legislatura, según precisan. Pese a que la norma establece que las empresas públicas susceptibles de ser controladas por el Ministerio de Hacienda son aquellas que preciben menos de la mitad de sus ingresos por ventas comerciales, en el caso de Balears se controla las cuentas de las siguientes sociedades: Institut Balear de la Dona; el Servei Balear d'Ocupació (SOIB); el Instituto de Estudios Baleáricos, el Servei Balear de la Salut (IB-Salut); el Institut Balear de la Natura (Ibanat); la Universitat de les Illes Balears (UIB); Institut Balear del Turisme (Ibatur) y también el Institut Balear d'Afers Socials.

El Govern afirma que este control financiero se enmarca en la política de seguimiento y racionalización del gasto de todas las administraciones territoriales españolas, que lleva a cabo el Gobierno central. El Govern precisa que la ley establece que las empresas públicas no pueden incrementar su deuda, aunque puede seguir endeudada. En el caso de que una autonomía o empresa quisiera presentar un presupuesto con déficit, debería de pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque esa no es la intención del Govern.