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El Govern constituirá una comisión de expertos que elaborará una propuesta de regulación de la figura de los fijos discontinuos con la intención de pedir que, en base al artículo 32 del Régimen Especial de Balears (REB), se regule definitivamente esta figura jurídica que afecta entre 30.000 y 80.000 trabajadores y trabajadoras de las Islas. Así lo anunció ayer el conseller de Treball i Formació, Guillermo de Olives, en el acto de presentación de la publicación 'El trabajo fijo discontinuo en Illes Balears: Estudio técnico. Conversaciones. Dictamen' publicado por el Consell Econòmic i Social (CES) en colaboración con la Conselleria de Treball y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El acto de presentación, que se llevó a cabo en el Parlament y estuvo presidido por Pere Rotger, contó con las intervenciones del presidente del CES, Francesc Obrador y de los vicepresidentes primero y segundo de la institución, Josep Oliver y Mateu Alorda, respectivamente, quienes loaron la importancia de la publicación ante un público formado, mayoritariamente, por sindicalistas, empresarios, políticos y una amplia representación del CES. Pere Aguiló, secretario general del CES y coordinador de la obra, explicó que este estudio aporta, en una primera parte, una visión general del trabajador fijo discontinuo; definiendo el concepto, su origen y evolución y los principales problemas económicos y sociales a los que se enfrentan los fijos discontinuos.

En la segunda parte de la obra se trata el caso específico de Balears, encuandrándose las peculiaridades insulares y detallándose la evolución histórica del trabajo de los fijos discontinuos en las Islas en sectores como el turismo, el calzado o el transporte discrecional y todo el esfuerzo de patronal y sindicatos para su regulación. El estudio incluye unas conversaciones -coordinadas por el periodista Sebastià Verd- que se exponen en primera persona a través de entrevistas y mesas redondas. Finalmente se describe el dictamen número 8/2003 del CES, aprobado el 25 de junio de 2003, a través del cuál el pleno del Consell Econòmic i Social manifiesta su opinión sobre el trabajo fijo discontinuo en las Islas.