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Coincidiendo prácticamente en el tiempo han llegado a la opinión pública las muy distintas apreciaciones que sobre la evolución del mercado inmobiliario español se han llevado a cabo desde un simposio celebrado en Barcelona, con la participación de representantes de la Administración y del sector de la construcción, y las publicadas en la especializada revista británica «The Economist». La coincidencia, como decimos, se ha producido en el tiempo, ya que por lo demás los puntos de vista no resultan en absoluto coincidentes.

Mientras desde la Administración, con el ministro de Fomento al frente, se ha negado rotundamente que aquí exista una burbuja inmobiliaria, el análisis de la prestigiosa revista no puede ser más claro y establece que el valor de la propiedad en nuestro país está distorsionado y que se debe hablar sin tapujos de una auténtica burbuja inmobiliaria. Dice «The Economist» que la sobrevaloración de la propiedad inmobiliaria es tal que los precios se han hinchado en más del 20%.

Cogido entre estos dos fuegos, el ciudadano no tiene otro remedio que atender a una realidad cuyo dictado está por encima de cualquier opinión o análisis. Hoy, en España, adquirir una vivienda supone un desembolso excesivo que implica en la mayoría de los casos el rendirse a las exigencias del mercado hipotecario. Con una demanda muy fuerte, el encarecimiento de los precios de la vivienda resulta exagerado. Y tanto da que se trate de una verdadera burbuja inmobiliaria, o de un anticipo de la misma, puesto que los tecnicismos son en esta ocasión lo de menos.

Por más que cualquier ciudadano sabe que toda burbuja, incluida la inmobiliaria, corre el riesgo de «pincharse», y que en la cuestión que nos ocupa, tras el pinchazo se produciría una caída brusca. ¿Se encargará entonces la Administración que ha consentido este crecimiento excesivo del precio de la vivienda de ayudar al ciudadano a pagar sus créditos e hipotecas? Porque ello, con burbuja o sin burbuja, es lo realmente importante.