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El Pla de Carreteres de Mallorca ha sido objeto de la presentación de casi 23.000 alegaciones en contra, lo que demuestra que existe un amplio sector de la población que se opone a la construcción de la autovía entre Manacor e Inca y al segundo cinturón de Palma. Las miles de alegaciones han saturado las oficinas administrativas del Consell, la institución que debe dar el visto bueno definitivo al nuevo modelo viario que pactaron a principios de legislatura PP y UM. Precisamente, la presentación de miles de alegaciones en contra del Pla de Carreteres no ha provocado ni el más mínimo análisis en el Consell y Govern, las instituciones que están dispuestas a mantener a toda costa sus proyectos viarios. El conseller d'Obres Públiques, Antoni Pascual, ha recordado que 23.000 alegaciones son pocas si se comparan con los votos que apoyaron a PP y UM en las pasadas elecciones autonómicas. Y desde este punto de vista la postura del Consell es lógica y razonable. El PP prometió que llevaría la autopista hasta Manacor y ha cumplido, aunque es mucho más discutible que el proyecto que finalmente va a aprobarse sea el que los populares pretendiesen poner en marcha.

Aunque los votos son soberanos desde el punto de vista democrático, las alegaciones no deberían perderse en el fondo de un cajón. Hay que estudiar todas las reclamaciones, buscar un trazado que intente perjudicar al mínimo número de propietarios de fincas y, sobre todo, consensuar las nuevas autovías con los municipios afectados. Ahora sería el momento de dialogar y negociar, pero la postura de PP y UM es muy firme y se intuye que no habrá marcha atrás. Si se ha tenido en cuenta la oposición de Felanitx a la autopista, lo justo sería escuchar también al resto de municipios y afectados por los nuevos proyectos.