Conseguir la eliminación total de la pobreza extrema en Balears
supondría una inversión de 103 millones de euros. El objetivo más
ambicioso de acabar con la pobreza requeriría un gasto de 218
millones.
Esta es una de las conclusiones del estudio «Crecimiento
económico y desigualdad social en Balears en los años 90: elementos
para el debate sobre el futuro del estado del bienestar», que han
realizado Amedeo Spadaro y Xisco Oliver, profesores del Departament
d'Economia Aplicada e investigadores del Grup de Recerca en
Economia Pública de la UIB.
La propuesta de los dos economistas consiste en implantar una
renta mínima universal que consistiría a asignar a cada familia
pobre una cantidad de dinero igual a la diferencia entre su renta
disponible y el umbral de pobreza.
La renta disponible es la renta que disponen las familias para
consumir o ahorrar bienes y servicios una vez que han pagado los
impuestos y recibido las ayudas.
El umbral de pobreza es el criterio económico para establecer
qué personas pueden ser adscritas a esta categoría. Así, se
consideran en situación de pobreza todas aquellas personas y
familias por debajo del 50% de la media de la renta disponible en
el conjunto de la economía. Otro criterio más drástico que el
anterior es el umbral del 50% de la renta media, que define la
situación de pobreza extrema.
Según Amedeo Spadaro y Xisco Oliver, en Baleares, a mediados de
la década de los noventa, los pobres suponían un 19,1% de los
hogares, de acuerdo con el primer criterio y un 10% de acuerdo con
el segundo criterio. A partir de estos cálculos los economistas
establecen la cantidad necesaria para erradicar la pobreza en las
Islas.
El umbral de pobreza extremo era en 1995 unos ingresos de
864.268 pesetas anuales y el umbral de pobreza lo marcaban unos
ingresos de 1.092.912 pesetas.
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