La tesis del conseller es que el Govern popular surgido de las
urnas partía de una situación negativa basada en un «enfriamiento
de la economía» y una situación financiera que había encendido las
alarmas. Además, indicó que el Ejecutivo debía cargar con gastos
plurianuales comprometidos que le habían condicionado a la hora de
presentar sus cuentas. A los grupos de la oposición, que hasta las
pasadas elecciones formaban gobierno, no les quedó más remedio que
salir a la defensiva. Todos los grupos de oposición presentaron una
enmienda a la totalidad (es decir, solicitaron la devolución del
proyecto) y, tras su rechazo, tendrán que defender enmiendas
parciales para introducir cambios menores. UM no intervino en el
debate pero votó con el PP para rechazar las enmiendas a la
totalidad.
Pese a los tecnicismos de un debate de este tipo, los grupos de
la oposición optaron por un discurso más bien político y
coincidieron en negar la mayor, es decir que el nuevo Govern se
hubiera encontrado con una herencia recibida negativa. Tanto
Francesc Quetglas (PSOE) como Joana Lluisa Mascaró (PSM-EN) y
Miquel Rosselló (EU-EV) negaron la situación de crisis y lo
hicieron agrarrándose a un dato incluido en los presupuestos del
Ejecutivo: el aumento de un 20% en los ingresos a cuenta del IRPF.
La tesis de los partidos que formaron ePacte de Progrés es que
dificilmente podía alguien creerse, a la vez, el discurso sobre la
mala situación económica con el discurso del aumento de los
ingresos del IRPF.
«Ya me explicarán ustedes como unos trabajadores que estaban tan
mal, pagaron más IRPF habiendo cobrado menos», dijo Mascaró. Los
otros portavoces no abandonaron ese dato en toda la jornada e
insistieron en que «los números ponen la propaganda en su sitio»
(Rosselló); en que los gastos están «inflados» y los presupuestos
son «falsos» (Quetglas); que «hay déficit y endeudamiento oculto en
las empresas públicas» (Mascaró) y que descienden todas las
inversiones de los departamentos sociales. La creación de un fondo
de contingencia (es decir, un fondo donde el Govern podrá desviar
un 2% de cada conselleria para afrontar gastos imprevistos y que
representará 6.000 millones del total) también suscitó un debate
importante. Ramis explicó que, al menos, su Ejecutivo «saca a la
luz» este cajón que puede servir para acometer imprevistos (indicó
que de fallar la ofensiva financiera para conseguir más dinero para
Sanidad y Educación se echaría mano de ese fondo) mientras que el
Pacte disponía de él y lo ocultó. Además les echó en cara que
desviaran dinero de algunas conselleries para publicidad.
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