La aberrante situación judicial de los presos de Guantánamo
podría encontrar una tímida salida en esa decisión del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de aceptar finalmente examinar si
dichos presos deben tener acceso, o no, a los tribunales del país.
La iniciativa de un grupo de juristas y diplomáticos de apelar a la
más alta instancia de la nación es susceptible de poner fin a ese
limbo legal, ese túnel sin salida en el que la Casa Blanca colocó a
los detenidos en Afganistán después de establecer sin más que al no
ser ciudadanos norteamericanos, ni estar confinados en territorio
estadounidense, carecían de toda posibilidad de comparecer ante la
Justicia del país.
La arbitrariedad que envuelve toda la cuestión resulta
escandalosa, máxime si se tiene en cuenta que al ser considerados
por el Gobierno «combatientes ilegales» no tienen derecho alguno a
verse amparados por las normas sobre trato a los prisioneros de
guerra que señalan las distintas convenciones de Ginebra. Lo que ha
supuesto que casi dos años después de su detención los prisioneros
vivan en unas deplorables condiciones, repetidamente
denunciadas.
El absurdo llega hasta el extremo de que los detenidos, al no
permitírseles el contacto con abogado alguno, ni siquiera saben en
este momento que están siendo defendidos ante el Supremo. Unos
rondan los 80 años, otros están en la mediana edad, y aun los hay
que cuentan tan sólo 13 o 14 años, pero todos se hallan sometidos a
una indefensión que no conculca únicamente las leyes
internacionales sino el más elemental sentimiento humanitario.
Razones más que suficientes para determinar que la más alta
magistratura norteamericana considere muy seriamente la posibilidad
de que prospere la apelación presentada por sus defensores.
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