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Con la aprobación, el pasado viernes, de la planificación energética balear por parte del Consejo de Ministros, el escenario de futuro de las condiciones de suministro de gas y electricidad para las Islas queda al fin enmarcado. Las interconexiones con la Península permitirán la incorporación de Balears al sistema continental y propiciarán la liberalización del mercado energético insular, todavía en un horizonte lejano al menos en lo que se refiere a producción, y el fin del monopolio de GESA-Endesa.

Sin embargo, la cuestión energética no puede desligarse ni aislarse de las políticas territoriales y de crecimiento turístico y urbanístico. La llegada del cable y la construcción de una nueva central de producción eléctrica junto a Palma no deben aprovecharse como aval para dar vía libre a un crecimiento desmesurado en relación a la capacidad de carga de nuestros recursos naturales y al equilibrio ambiental de Balears. Residentes y turistas tienen derecho a un suministro fiable y de calidad, los apagones no deberían repetirse, pero ello no ha de llevarnos a una política de «podemos crecer indefinidamente porque tendremos energía para atender el desarrollo».

Si el desarrollo de las Islas no es sostenible, y hay que recordar que el Govern ya recurre a la sostenibilidad como imagen de promoción exterior, tampoco será sostenible el número de residentes y turistas. Entonces, el aeropuerto deberá ampliarse sucesivamente y será necesario instalar más desaladoras y más depuradoras, y construir más hospitales y más colegios. Para atender toda esa demanda, ni el cable sería suficiente, habría que levantar más centrales eléctricas y entraríamos en un círculo vicioso.

Bienvenidos sean cables y gasoductos si nos aportan calidad en el servicio con la posibilidad de acceder a tarifas ventajosas. Sólo cabe esperar que las obras no se eternicen y se salven las complejidades técnicas de estos proyectos. Baste recordar que el trasvase de sa Costera fue declarado de interés general en 1992 y los trabajos aún no se han iniciado.