Como ejemplo de la intensa actividad que está soportando la
Sala, en los primeros días de 2004 (hasta ayer, 13 de enero) se ha
verificado la entrada de 36 recursos, lo que da un promedio de más
de dos diarios. Todo ello, teniendo en cuenta que la Sala de lo
Contencioso Administrativo acumula 3.702 asuntos sin resolver,
según refleja la estadística de 2003 a la que ayer tuvo acceso
Ultima Hora. Esos datos confirman que el pasado año entraron a
conocimientos de los magistrados un total de 1.665 pleitos, frente
a los 1.537 de 2002, con un aumento del 8,3 por ciento. Con
respecto a las apelaciones, éstas sumaron 206 en 2003, frente a las
134 de 2002, con un aumento porcentual del 53 por ciento.
«Para paliar esta grave situación sería muy necesaria la
creación de una Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo en
Balears, ya que la carga de trabajo es muy elevada para la
plantilla existente. En otras palabras, hacen falta 'manos',
teniendo en cuenta de que aquí tenemos conocimientos de los asuntos
que se registran en todo el archipiélago», explicó Ramón Reig. Las
distintas memorias de la actividad judicial de los últimos años en
Balears vienen confirmando la alarmante falta de medios humanos y
técnicos para hacer frente a las necesidades de una sociedad, como
la balear, que «cada día pleitea más», según han admitido distintos
abogados. Han habido sentencias resolviendo un contencioso por una
multa de tráfico de 6 euros (mil de las antiguas pesetas). Además,
hay empresas que cuestionan ante los magistrados todas y cada una
de la sanciones leves que cometen en materia de traslado de
turistas a puntos de ventas controlados por los 'manteros', que son
decenas al finalizar el año.
Las Islas ya han superado el «techo» de los 100.000 asuntos
entrados en la jurisdicción de lo penal, todo ello, a pesar del
notable esfuerzo realizado diariamente por los jueces, que van
dictando las sentencias a un ritmo muy alto. La lentitud de la
Justicia en las Islas no es un tema que pille de sorpresa a
magistrados, fiscales, abogados, funcionarios y ciudadanos. Más de
20.000 casos esperan ser resueltos. Precisamente, usuarios
descontentos con la lentitud de los juzgados en la resolución de
las causas se han dirigido en varias ocasiones al Defensor del
Pueblo para denunciar esa situación. Las quejas corresponden a la
jurisdicción penal, civil (por retrasos en la fases de declaración
y ejecutiva) y contencioso administrativa.
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