«Todo funcionario ha sido tentado en algún momento»

«Un día se me presentó un señor, en nombre de un tercero», recuerda, «y me ofrece un millón de pesetas. Al ver que no aceptaba me dice que fije la cuantía. ¿Qué tenía que hacer? Una cosa tan simple como era el de expedir una certificación de nacimiento en el que figurara dos años menos de la persona cuyo nombre me facilitaba. No se me ocurrió otra cosa que decirle: '¿Y si se descubre?'. Me contestó: 'Tú dirás que te has equivocado'. Avisé al juez a fin de que no recibiera alguna certificación de aquellas características. Y no sucedió».

Y más intentos de soborno: «Un señor conocido en los ambientes judiciales y que tenía asuntos bastante a menudo me invita un día a salir de la oficina con la excusa de tomar café, que gustosamente acepté. Al salir del centro de trabajo y en medio de la calle me hace la proposición 'la marca de coche que se te antoje si me ayudas'. Apelando al humor le contesté: «No lo sabría conducir, yo provengo del Seat 600». Y apostilla: «Si caes, aunque sea una sola vez en esta clase trampa, puede uno estar atado a ciertas circunstancias y en un momento dado tener que obrar contra la voluntad. Existen muchos casos acaecidos durante casi 45 años de ejercicio profesional que tal vez nunca salgan a la luz».

Ramón Reig recuerda que cuando empezó (1959) en Palma solo había dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción que estaban ubicados en San Antoniet, en la calle San Miguel, y dos juzgados municipales en la calle Sol. «El personal era muy reducido, juez, secretario, un oficial y agente en los pueblos. Las oposiciones se convocaban cada cinco años y los exámenes en Madrid, por ello pocos eran los opositores de la Isla que entraban en el organigrama judicial, aparte de que los sueldos eran bajísimos y sólo habían aumentos cada cierto tiempo, no de forma anual como ocurre ahora».

«Mi primer contacto con la oficina judicial», añade, «fue en el juzgado comarcal de Pollença, en 1959, como oficial. El trabajo era mínimo, la gente no pleiteaba y las cuantías también eran de poca monta. Las entradas de registro, por norma, lo solicitaba la Guardia Civil, generalmente, en aquellos era por contrabando. En Pollença, dónde se asentaba gente extranjera, y alguien se suicidaba, comparecían ciertas personas solicitando una pequeña parte de la pieza de convicción, causa de la muerte violenta, más apreciados cuando la causa lo era por ahorcamiento. Al principio intentaban comprar la cuerda, y ante la negativa se conformaban con un pequeño trozo. Al preguntarles el motivo contestaban que con ello se hacían colgantes de 'la buena suerte'».