La portavoz de los examinadores mostró también sus dudas sobre la
capacidad de la Junta Avaluadora de Català para corregir todas las
pruebas y realizar los exámenes orales en las fechas previstas por
el Govern. En principio, el 3 de marzo deberían hacerse públicas
las notas. «¿De dónde sacarán personal cualificado para realizar
las correcciones como corresponde?», se preguntó. Romaguera anunció
que el próximo viernes realizarán una nueva reunión para decidir si
continúan o no con las protestas, aunque en principio mantienen su
boicot ante los exámenes del próximo domingo si el Govern no cambia
antes de postura y retira sus propuestas en materia de lengua
catalana.
El comunicado señala que la JAC ha decidido también dar «un voto
de confianza» al presidente y a los vocales de la secretaría de la
Junta para que hagan una nueva selección de personal colaborar que
se encargue de corregir todas las pruebas escritas y orales de
todos los niveles. Fuentes de la Conselleria d'Educació aseguraron
ayer que esta nueva selección de personal colaborador no significa
que la totalidad de los actuales examinadores queden fuera de esta
nueva selección. El Govern asegura en su comunicado que los nuevos
correctores de las pruebas serán «personal cualificado, con
competencia lingüística acreditada». La decisión de anular el
sobresaliente general concedido por los examinadores y de corregir
los exámenes contó con el apoyo del Departament de Filologia
Catalana de la UIB, según aseguró ayer el director de este
departamento, Joan Mas.
La portavoz de los colaboradores del JAC en la realización y
corrección de los exámenes, Joana Maria Romaguera, aseguró, por su
parte, que, pese al anuncio de la Junta de corregir los exámenes,
los colaboradores se mantienen en la postura de no realizar las
pruebas hasta que el Govern no anuncie la retirada de las medidas
lingüísticas propuestas por el conseller d'Educació i Cultura,
Francesc Fiol. «Son un conjunto de medidas que van en contra de la
lengua catalana», afirmó. Los portavoz aseguró que el principal
punto de discrepancia con el Govern radica en la decisión del
Ejecutivo de equiparar el nivel C de catalán con los estudios de
ESO. Insistió en que los examinadores siguen abiertos al diálogo, a
pesar de que consideran que esta propuesta del Govern va en contra
de diversos informes técnicos, al margen de que ha sido adoptada
sin conocer la opinión de la autoridad en lengua catalana. «En
cuarto de ESO no se sale tan preparado como para lograr la
equiparación con el nivel C y eso supone restar valor a este
certificado», aseguró.
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