Mónica González29/01/04 0:00
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Cerca de doscientas personas participaron ayer en la concentración, convocada por la Plataforma per la Democràcia i la Globalització Social, frente a la Delegación del Gobierno en Balears, en defensa de los derechos de los inmigrantes y para exigir la derogación de la Ley de Extranjería, con ocasión del tercer aniversario de su entrada en vigor. La protesta se desarrolló de forma pacífica, al ritmo del sonido de los «Tambors per a la pau» y silbatos y con frases ya habituales como «Tots i totes som inmigrants» o «La Ley de Extranjería, es una porquería». Los concentrados escucharon diversas arengas en defensa de los «sin papeles» en varios idiomas, como inglés o ruso, pronunciadas por algunos de los inmigrantes presentes, la mayor parte de ellos de origen subsahariano.

Asimismo se procedió a la lectura de manifiesto, en el que se señaló que la ley y su reforma «supone graves violaciones de los derechos de las personas». Por ello, se realizó un «llamamiento a la ciudadanía de Mallorca, en favor de la promoción social de los valores de la tolerancia y la solidaridad, como garantía de una convivencia democrática». Los manifestantes exigieron «la derogación de la ley» o «la paralización inmediata del proyecto del denominado Centro de Internamiento para personas inmigrantes», en los que se consideró que «además de las connotaciones que nos hacen recordar los campos de concentración, en ellos la actividad se orienta a la violación flagrante de los derechos humanos».

Por último, se reclamó «la regularización de todas las personas que residen dentro de las fronteras del Estado español». La Plataforma, que reune a partidos, sindicatos y asociaciones de diversa índole, hizo entrega, la semana pasada, de una carta al delegado del Gobierno, Miquel Ramis, en la que los inmigrantes residentes en las Islas pedían la retirada y derogación de la ley y de la reforma de la misma de 22 de diciembre de 2003, por considerar que «favorece la discriminación y marginación social». El pasado 22 de diciembre entró en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, la cual impone una serie de cambios, como la desaparición de los intermediarios a la hora de tramitar los papeles o la exigencia de que los visados sean solicitados personalmente y en el país de origen. También implanta dos tipos de visados para buscar empleo y la obligatoriedad de que las compañías aéreas faciliten la lista del pasaje; así como la agilización de las expulsiones o distintas normas de funcionamiento para los centro de internamiento.