El secretario del Ajuntament de Palma, Agustí Estela, entregó ayer
a la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, los informes
reservados que la propia alcaldesa había solicitado para conocer si
todo el proceso seguido en la compra del solar de Son Espases, en
donde se ubicará el nuevo Son Dureta, había sido el correcto y para
saber si el complejo Megapark, propiedad del empresario Bartomeu
Cursach, había permanecido abierto sin la correspondiente licencia
y sin que hubiese sido ejecutada la orden de cierre que pesaba
sobre dicho local meses atrás. Cirer había tomado esta decisión a
raíz de las informaciones aparecidas en la prensa, en las que se
apuntaban presuntas incompatibilidades e irregularidades.
En función de las conclusiones de dichos informes reservados,
que Cirer prefirió no desvelar ayer, la alcaldesa podría decidir
dar por concluido todo el proceso o pedir que se abra un expediente
si considera que ha habido alguna actuación que merece ser
investigada. En el pleno del pasado mes de enero, los partidos de
la oposición en Cort -PSOE, EU-EV y PSM- pidieron que fuesen
creadas sendas comisiones de investigación para estudiar ambos
casos, pero el equipo de gobierno rechazó esta posibilidad.
La normativa establece que si los Serveis Jurídics consideran
que hay indicios de algún delito en la actuación de un funcionario,
toda la documentación ha de pasar a los juzgados. Si, en cambio,
hay indicios de una falta administrativa, se abre un expediente,
que puede concluir sin que haya ninguna sanción, con una
amonestación, con la suspensión de empleo y sueldo por un periodo
que puede ser de días, meses o años, o, en los casos más graves,
con la separación del servicio.
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