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La cumbre europea de diciembre puso de relieve algunas de las limitaciones más importantes de la UE, al constatarse la imposibilidad de sacar adelante la primera Constitución para esta organización supranacional. El reparto futuro del poder se erigió desde el primer momento como un obstáculo insalvable, debido en buena parte a la intransigencia -y, todo hay que decirlo, a la impericia de quien juega más fuerte de lo que puede- de José Mª Aznar y su colega polaco, Leszek Millar. Sea como fuere, el fracaso de ese intento por dotarse de una Constitución se produjo en un momento particularmente delicado, prácticamente en vísperas del ingreso en la UE de diez nuevos socios. En efecto, a partir del próximo 1 de mayo, los comisarios de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre, formarán parte del Ejecutivo comunitario con derecho a voto, aunque por el momento sin cartera. Su inclusión debiera producirse en una UE con las normas más claras, en la que el recurso a un texto constitucional prestara arbitraje a los problemas que puedan presentarse. Se habla estos días de que se han iniciado contactos de cara a futuras negociaciones, con objeto de llegar a acuerdos que permitan la redacción de la futura Constitución europea. Sería de desear que dichos contactos fructificaran, contribuyendo así a quitar peso a esas amenazas francoalemanas de crear una Europa a dos velocidades en caso de que se produzca un nuevo fracaso y no se llegue a acuerdos suficientes para garantizar un texto constitucional. La nueva Europa no puede permitirse nacer con una carencia que convierta en aún más compleja la superación de los retos que ya tiene planteados, como el Pacto de Estabilidad y la distribución de las ayudas financieras.