La Asociación de Promotores de Balears propondrá al Consell de
Mallorca que clarifique como suelo urbanizable las 400 hectáreas
correspondientes al diferencial de crecimiento previsto en el Plan
Territorial de Mallorca (PTM), aproximadamente un 7 por ciento en
10 años incluidas las áreas de reconversión y sistemas generales,
del 10 por ciento fijado en las Directrices de Ordenación del
Territorio (DOT). Afirman que esa bolsa de suelo, gestionada de
forma «adecuada» mediante una sociedad mixta entre instituciones
públicas y sector privado, permitiría sacar al mercado 2.000
viviendas anuales a un precio de entre 30.0000 y 42.000 euros (5 y
7 millones de pesetas) inferior al de mercado libre.
Así lo afirmó ayer el presidente de la patronal, Gabriel Oliver,
quien indicó que «es mentira» que en Mallorca quede suelo vacante
para acoger a 480.000 nuevos habitantes, tal y como calcula el PTM,
por lo que instó al Consell a «no despreciar» el 35 por ciento del
crecimiento urbanístico previsto en las DOT.
Como segunda alegación, la patronal solicitará al Consell que se
aplique incentivos económicos o de gestión para que las operaciones
de esponjamiento en zonas turísticas dejen de ser «utópicas».
Oliver recordó que el PTM concede sólo el derecho de
aprovechamiento del suelo al propietarios pero siempre asumiendo
los costes de demolición y reconstrucción, lo que consideró
insuficiente. Propuso que el Consell permita un incremento de
techos para que los propietarios obtengan beneficios.
Los promotores critican también la creación de nuevas figuras de
protección, como las zonas con peligro de inundación,
desmoronamiento o incendios ya que consideran que el 99 por ciento
de la superficie de Mallorca está amenazada por estas catástrofes.
Respecto del plan de vivienda, la patronal considera que se debe
«salir de la filosofía del subsidio y de la actuación de empresas
públicas deficitarias y establecer un marco de actuación para el
sector privado». Plantean la reducción de trámites administrativos
-planes parciales, juntas de compensación, silencios
administrativos positivos- que se traducen en aumentos de costes.
Solicitan una reducción de la fiscalidad municipal y consideró que
el Estado debería bajar el IVA.
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