La oposición en Cort hizo ayer una primera valoración del proyecto
de soterramiento de las vías del tren de Palma, anunciado el pasado
jueves por el presidente del Govern, el popular Jaume Matas, y la
alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer.
Cabe recordar que dichas obras empezarán a principios de 2005 y
que se prolongarán por un espacio de dos años.
Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre la Plaça
d'Espanya y la Via de Cintura, de 1,5 kilómetros de extensión. El
coste total será de 70 millones de euros, asumido por el Ejecutivo
autonómico.
El proyecto prevé la construcción de la Estación Intermodal de
Palma, que estará justo debajo del Parc de ses Estacions y que
contará con una estación de tren con diez vías y con una estación
de autocares con 30 plataformas. El tren de Sóller se añadirá en un
futuro al proyecto.
Asimismo está prevista la remodelación del Parc de ses
Estacions, que ampliará su espacio ajardinado en 14.000 metros
cuadrados, y la creación de un bulevar peatonal de 18.000 metros
cuadrados, que conectará ses Estacions con el Parc de Son Costa y
el de Son Fuster.
La secular división de Ciutat en dos partes, debido a las vías
del tren, desaparecerá. Además, la calle Aragó pasará a ser de
sentido único, mientras que la calle Jacint Verdaguer será de
acceso a Palma.
Críticas
El portavoz del PSIB-PSOE, Antoni Roig, valoró de forma positiva la
iniciativa, pero criticó que sea pagada sólo por el Govern y que el
Parc de ses Estacions vuelva a verse afectado por obras.
Roig pidió también que el proyecto garantice la conexión
transversal entre las diversas barriadas afectadas por el
soterramiento, así como que la configuración sea armónica, que el
proceso sea supervisado por la Societat Municipal d'Actuacions
Urbanístiques de Palma y que se estudie la posibilidad de que el
tren pueda llegar «a Son Gotleu, es Rafal o el Polígon de
Llevant».
El portavoz de EU-EV, Eberhard Grosske, indicó que el proyecto
debería contar con financiación estatal y extenderse más allá de la
Via de Cintura.
El portavoz del PSM-EN, Pere Muñoz, pidió también que el
Gobierno central se implique en el proyecto y que «se intente
conservar el patrimonio industrial».
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