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P.C./EFE
El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, pidió a los cinco nuevos integrantes del Ministerio Público, que ayer tomaron posesión de sus cargos, que sean diligentes» en el ejercicio de la profesión «porque una Administración de Justicia lenta es una injusticia hacia los ciudadanos», subrayó. Barceló tributó la bienvenida a los nuevos fiscales Patricia Campos y David León (adscritos a Ibiza); Nuria Lázaro y Leticia Riaza (Manacor) y Sergio Bataller (Mahón), en un acto presidido por Jesús Ignacio Algora, presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), y que se celebró en la sede de este organismo.

Barceló instó a los nuevos fiscales a desempeñar el cargo «con honradez y sentido común», en una comunidad autónoma que atiende «asuntos diversos y complejos». Con la incorporación de los cinco fiscales, la plantilla del Ministerio Público de las Islas queda integrado por 45 personas.

Una de las actuaciones más importantes que debe desarrollar en los próximos meses la Fiscalía de Balears es el traslado de su sede actual en el TSJB al antiguo edificio que durante 40 años perteneció a la ONCE en la plaça Bisbe Berenguer. Este inmueble, de unos 1.700 metros cuadrados, albergaba la Conselleria de Benestar Social. El edificio es propiedad del Govern, que lo adquirió en el año 2000 por un importe de 840.000 euros (142.700.000 pesetas). Barceló ha confirmado que esa es la opción más viable para que el Ministerio Público disponga de su propia sede, tras fracasar otras alternativas, como el Hospital Militar o el inmueble anexo al antiguo Quarter del Carme, situado en la Rambla de Palma. El edificio del Govern, construido en 1919, tiene una superficie útil de 1.711,38 metros cuadrados y, tras las obras a las que fue sometido, se ha convertido en un edificio ejemplar en cuanto a eliminación de barreras arquitectónicas.