La estadística del ejercicio pasado confirma un aumento de 2.080
nuevos asuntos (148.058 en 2003 y 146.978 en 2002) y con cifras que
ya se acercan a pasos agigantados a los 150.000 pleitos. Ha crecido
la actividad en casi todas las instancias, con excepción de los
juzgados de instrucción, donde disminuyen, al pasar de los 110.438
casos en 2002, a los 107.548 en 2003, según refleja el gráfico
publicado en esta misma página. El balance del magistrado Algora,
que mañana dejará su puesto al nuevo presidente del TSJB, Antoni
Terrasa, hace hincapié en que la instancia más colapsada es la de
lo Contencioso Administrativo, que hasta diciembre del pasado año
tenía 3.708 asuntos pendientes de resolver. «La Sala está
constituida por un presidente y tres magistrados y continúa
padeciendo la misma situación de atraso, tanto en lo que concierne
al número de sentencias por dictar, como en lo que se refiere a la
tramitación de recursos», explica.
Con respecto a la Sala de lo Social del TSJB, el magistrado
llega a la conclusión de que su funcionamiento «es excelente», pero
«ello no impide observar el incremento constante en el volumen de
trabajo, debido, tal vez a las diversas reformas legislativas
operadas en el ámbito del derecho del trabajo, como a las
fluctuaciones económicas sufridas por esta Comunidad Autónoma». Una
de las críticas más llamativas que realiza el presidente en
funciones del TSJB es hacia la entrada del juzgado de instrucción
número 11, «que lo hizo de una forma escandalosa, pues se ha
instalado provisionalmente en las dependencias que en su momento
fueron habilitadas para celebrar juicios rápidos por delito, con
una plantilla totalmente interina sobre la que pesaba un total
desconocimiento del trabajo judicial». Y añade: «Gracias a la labor
de la secretaria titular y al nombramiento de cuatro funcionarios
de refuerzo, que sin abandonar sus propios destinos cooperaron con
el Juzgado, no surgieron problemas graves». Jesús Algora, asimismo,
opina en la Memoria que los juzgados de lo penal «se hallan en
estado de normalidad funcional, salvo el juzgado número 8, donde el
incremento de asuntos registrados -3.569 en 2002 y 4.222 en 2003-
aconsejan, con el fin de evitar su estancamiento lamentable, que se
proceda de manera urgente al desdoblamiento de dicho juzgado, en
dos, cada uno con un juez y un secretario».
Los Juzgados de Paz también merecen un comentario crítico por
parte del presidente en funciones del TSJB: «No se ha abordado
decididamente la problemática que suscitan los Juzgados de Paz,
cuyo mal funcionamiento (afortunadamente, no todo) causa graves
problemas a la Administración y da lugar a continuas quejas». La
Memoria Judicial destaca, asimismo, la entrada de un total de más
de 4.000 asuntos, entre la sección civil y la criminal. Asimismo,
detecta una disminución de los asuntos pendientes en las dos
secciones, y una estabilización de la carga en la sección civil y
un incremento en la criminal. En concreto, en el ámbito civil
ingresaron 2.000 recursos de apelación durante 2003, se resolvieron
2.104 y quedaron pendientes 596 apelaciones. La memoria señala que
se vislumbra una tónica de «cierta estabilización de la carga» en
las tres secciones civiles, tras la entrada en vigor del la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC), con un «equilibrio» entre la cantidad
de asuntos ingresada y resuelta, y un avance en la recuperación del
déficit. En el ámbito de lo criminal, la Memoria señala un
incremento del volumen de trabajo respecto al año anterior, con el
registro de 2.100 asuntos y la resolución de 2.000. Los asuntos
pendientes se han reducido y han pasado de unos 480 en 2002 a unos
450 en 2003. Por otra parte, El Tribunal del Jurado registró 14
asuntos en el año 2003 y el promedio anual, calculado desde 1996,
se sitúa en 9 asuntos al año. El documento recoge, también, la
necesidad de instalar medios aptos para la reproducción audiovisual
en todas las Salas de audiencia para evitar la presencia personal
de testimonios en casos especiales.
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