Los portavoces de las plataformas antiautovía se manifestaron ante el Consolat. Foto: JAUME MOREY

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La tensión es ahora máxima entre el Govern balear y el Gobierno central tras acusar ayer el Ministerio de Fomento al Ejecutivo autonómico de licitar cinco proyectos de carreteras sin supervisión, de incrementar sus presupuestos, de hacerlo incumpliendo la Ley de Contratos del Estado y de hacerlo sin reunir a la comisión mixta de seguimiento del convenio. Al Govern -que desmintió todos estos extremos a través de la consellera d'Obres Públiques-, lo que más le molestó, sin embargo, fue el procedimiento elegido por el Gobierno de ZP, una nota de prensa, para difundir estas acusaciones y, sobre todo, el «tono amenazante» de la misma que concluía con el siguiente párrafo: «el secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morán, convocará a la consejera de Obras Públicas de Baleares, Mabel Cabrer, para que explique el motivo de la decisión tomada por el Gobierno balear».

La reacción de la consellera Cabrer fue instantánea y fulminante: acusó a Francesc Antich -diputado electo por Balears y secretario general del PSIB- de «forzar al Ministerio de Fomento a redactar esta nota de prensa», de actuar así por «verse acorralado en su propio partido» y de «perjudicar los intereses de Balears». Cabrer indicó que el Ejecutivo seguirá ejecutando los proyectos previstos en el plan de carreteras y demandará al Ejecutivo central si no financia estas obras, por incumplir un convenio fiscalizado y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Cabrer confirmó que el Govern mantiene la oferta de posponer la construcción de la autovía entre Inca-Manacor si la Administración central aporta los fondos para el resto de proyectos viarios y mejora la financiación y defendió su derecho a licitar obras por su cuenta por disponer de una «encomienda de gestión», una prerrogativa que le permite licitar e iniciar la construcción de los proyectos. Subrayó que el Estado está obligado a cumplir este convenio y negó que el Ejecutivo balear incumpliera la Ley de Contratos del Estado. Afirmó que no había recibido ninguna comunicación oficial del Ministerio y explicó que había tratado de ponerse en contacto con la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, y que ésta no se quiso poner al teléfono.