Partido Popular y Unió Mallorquina presentaron ayer una proposición
de ley que permitirá comercializar unas 1.800 viviendas
vacacionales que se encuentran en situación irregular en Balears.
La propuesta será tramitada a partir de septiembre en el Parlament
y fue presentada por el diputado de UM Miquel Nadal y por el
portavoz adjunto del PP, Gaspar Oliver. Con la presentación de esta
proposición de ley se cumple uno de los acuerdos de gobernabilidad
suscritos por PP y Unió Mallorquina a principios de
legislatura.
La propuesta legislativa regula las características que deberán
tener estas viviendas para poder ser comercializadas. Entre otras
cosas, esta oferta deberá ofrecer a sus cliente la limpieza
periódica de las viviendas, ropa de cama, mantenimiento de las
instalaciones y servicio de atención al público en horario
comercial. Estas viviendas deberán tener un máximo de seis
dormitorios para alojar hasta 12 turistas.
La ley también plantea que estas viviendas vacacionales deberán
obtener una certificación de calidad para poder ser introducidas en
el mercado turístico. Miquel Nadal concretó que la Conselleria de
Turisme cuenta con unas 3.000 residencias unifamiliares que se
comercializan para usos turísticos, pero aclaró que sólo 1.200 de
ellas están registradas como viviendas vacacionales. Por lo tanto,
la ley beneficiará a unas 1.800 viviendas, que podrán
comercializarse sin cobertura legal, ya que la actual Ley de Suelo
Rústico no contempla este uso. Gaspar Oliver detalló que la Ley
General Turística prevé la situación de las viviendas vacacionales,
pero no contempla la comercialización de estas casas aisladas y que
están situadas en suelo rústico.
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