El sindicato CCOO ha calculado que el Govern balear deberá pagar
«aproximadamente» tres millones de euros para homologar las
retribuciones de 1.500 empleados públicos afectados por una
sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara
inconstitucional y nulo un artículo de la Ley 5/1996 de Medidas
Tributarias y Administrativas de la Comunitat Autònoma.
Así lo dijo ayer el secretario general de CCOO, Josep Benedicto,
acompañado de Joan Calatayut, responsable del gabinete jurídico del
sindicato y Fernando González, secretario general de la Federació
de Serveis i Administracions Públiques de CCOO, explicando que
después del análisis de la sentencia queda claro que ésta implica
«la reclamación de las diferencias de cantidades no percibidas por
cerca de 500 trabajadores de los hospitales General y Psiquiátrico,
otros tantos del IBAS y el personal no docentes, unos 400,
transferidos a Educació».
Reclamación
La reclamación de las diferencias se plantea por tres años -97,98 y
99- en el personal de los hospitales, para los dos primeros años en
el caso del personal de antiguo Inserso y de un año (1999) al
personal no docente de la Conselleria d'Educació i Cultura.
Por su parte la Conselleria d'Interior ha informado que ha
abierto un expediente para el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Constitucional, recordando que en el Consell de Govern de
día 16 de julio el conseller d'Interior i Funció Pública, José
María Rodríguez, informó al ejecutivo balear de que con fecha de 14
de julio había dado instrucciones para el inicio de un expediente
con el fin de agilizar el cumplimiento de la sentencia que la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears emitirá
en breve y el 20 de julio la directora general de Funció Pública
trasladó a la Mesa de Negociación las instrucciones.
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