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El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública del Ajuntament de Palma, el popular Pedro Àlvarez, dio a conocer ayer que los propietarios de 374 piscinas consideradas hasta ahora como ilegales, sobre un total de 567 detectadas en Ciutat, han regularizado su situación en el último año, por lo que no se les impondrá ninguna sanción económica y, simplemente, deberán pagar una cuota algo más elevada cuando tengan que abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2004, ya que la base imponible será mayor a partir de ahora.

Cabe recordar que el pasado verano, Àlvarez anunció que Cort había detectado la existencia de 567 piscinas ilegales en el término municipal de Palma tras un estudio fotográfico aéreo hecho por el Consistorio. La detección de las piscinas no declaradas fue posible a partir de la comparación entre las licencias de obras y los recibos archivados en el registro municipal correspondiente a 1998 y las imágenes fotográficas tomadas años después. De momento han regularizado su situación un 66 por cien de los afectados.

Por lo que respecta a los propietarios de las 193 piscinas restantes, Àlvarez indicó que en los últimos dos meses se ha remitido toda la documentación existente sobre estos casos a la Gerència del Cadastre del Ajuntament, «para que abra los correspondientes expedientes de inspección, que prevén para este tipo de situaciones desde recargos del 20 por cien hasta la denuncia por infracción urbanística o incluso el cierre de la piscina», destacó, y recordó que Cort, mediante un escrito enviado meses atrás, había dado a todos los infractores la posibilidad de regularizar su situación de manera voluntaria y sin coste adicional alguno.