El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública del Ajuntament
de Palma, el popular Pedro Àlvarez, dio a conocer ayer que los
propietarios de 374 piscinas consideradas hasta ahora como
ilegales, sobre un total de 567 detectadas en Ciutat, han
regularizado su situación en el último año, por lo que no se les
impondrá ninguna sanción económica y, simplemente, deberán pagar
una cuota algo más elevada cuando tengan que abonar el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2004, ya que la base
imponible será mayor a partir de ahora.
Cabe recordar que el pasado verano, Àlvarez anunció que Cort
había detectado la existencia de 567 piscinas ilegales en el
término municipal de Palma tras un estudio fotográfico aéreo hecho
por el Consistorio. La detección de las piscinas no declaradas fue
posible a partir de la comparación entre las licencias de obras y
los recibos archivados en el registro municipal correspondiente a
1998 y las imágenes fotográficas tomadas años después. De momento
han regularizado su situación un 66 por cien de los afectados.
Por lo que respecta a los propietarios de las 193 piscinas
restantes, Àlvarez indicó que en los últimos dos meses se ha
remitido toda la documentación existente sobre estos casos a la
Gerència del Cadastre del Ajuntament, «para que abra los
correspondientes expedientes de inspección, que prevén para este
tipo de situaciones desde recargos del 20 por cien hasta la
denuncia por infracción urbanística o incluso el cierre de la
piscina», destacó, y recordó que Cort, mediante un escrito enviado
meses atrás, había dado a todos los infractores la posibilidad de
regularizar su situación de manera voluntaria y sin coste adicional
alguno.
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