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Los ciudadanos de Balears, las empresas radicadas en el Archipiélago y quienes realizan su actividad de manera habitual en estas Islas no deben sufrir agravios comparativos respecto a quienes residen y desarrollan sus iniciativas en la Península. Aquí no llega el AVE, y el avión se ha convertido en una necesidad en cualquier desplazamiento, sea por motivos de estudios, salud, negocios o, simplemente, vacaciones.

El anuncio de un tímido incremento del 33 al 38 por ciento en los descuentos para los residentes, efectuado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a punto de concluir sus vacaciones en Menorca, suena a retraso en la aplicación de medidas que se han venido prometiendo desde la oposición, pero que se olvidan cuando se llega al gobierno.

El PSOE debe cumplir sus compromisos electorales con los ciudadanos de Balears, y el primero consiste en aumentar, sin demoras, el descuento del 33, no al 38, sino al 50 por ciento.

Pero hay un segundo aspecto tanto o más importante. Nos referimos a la declaración de obligaciones de servicio público para los trayectos entre las Islas y la Península, con una especial atención a Menorca y las Pitiüses. Es al Estado a quien corresponde fijar y financiar los mecanismos compensatorios que reduzcan los costes de la insularidad que soportamos quienes vivimos en Balears. Estos mecanismos deben incluir tanto los descuentos para los residentes como que se garanticen los trayectos interinsulares y entre el Archipiélago y la Península. Aun así, de poco servirán los descuentos si paralelamente se incrementan cada vez más las tarifas aéreas.

Zapatero, que ha aprendido lo que supone vivir en una isla, tiene una extraordinaria oportunidad para evidenciar un nuevo talante. Es el momento de demostrar con hechos y con decisiones que los residentes en Balears no somos ciudadanos de tercera, sino que estamos en igualdad de derechos y oportunidades.