Imagen de la reunión del Consell Assessor de Comerç, ayer en la sede de la Conselleria. Foto: PERE BOTA
El Govern realizará «modificaciones puntuales» en la Ley de Comercio con el objetivo de incrementar las sanciones máximas a las empresas infractoras e incorporar parte del contenido del decreto 217/1996 referente al Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Balears, recurrido en su día por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y avalado recientemente por una sentencia del Tribunal Supremo, según informó ayer el conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan Cardona. Tras presidir la reunión del Consell Assessor de Comerç -organismo consultivo integrado por los consells insulars, patronales comerciales, sindicatos y organizaciones de consumidores- el conseller de Comerç informó que el Ejecutivo tiene intención de vehicular la actualización del régimen sancionador comercial a través de la Ley de acompañamiento a los presupuestos, lo que permitirá que los cambios entren en vigor a principios de 2005. Cardona informó que esta modificación adecuará las sanciones a los beneficios económicos que obtienen las empresas infractoras, especialmente en el caso de incumplimientos graves y muy graves, aunque no precisó en qué cuantía aumentarán las multas. La sanción máxima establecida en la Ley de Comercio alcanza en estos momentos los 150.000 euros.
A petición de las patronales comerciales, el Consell Assessor de Comerç acordó ayer la creación de un grupo de trabajo para fijar criterios objetivos que permitan delimitar las zonas calificadas de gran afluencia turística en las Islas, las cuales disfrutan de exenciones en cuanto al horario máximo de apertura comercial permitido en temporada alta. Los criterios establecidos por esta comisión, en la que participarán representantes del sector comercial, Conselleria de Comerç y técnicos de la Conselleria de Turisme, serán desarrollados a través del reglamento de la Ley de Comercio o mediante una orden del conseller. En estos momentos, los ayuntamientos interesados deben solicitar cada año la delimitación de zonas de gran afluencia turística en sus municipios a la Conselleria de Comerç y, hasta la fecha, siempre han obtenido la autorización del Govern. El problema surgió cuando el Ajuntament de Marratxí solicitó a mediados de verano la declaración de zona de gran afluencia turística para el centro de ocio Festival Park, momento en el que los comercios de la zona empezaron a abrir sus puertas en domingo pese a que el Govern, a fecha de hoy, todavía no ha resuelto la petición del Consistorio. Esta situación ha sido denunciada ante la Conselleria de Comerç por las patronales del pequeño y mediano comercio de Balears, Afedeco y Pimeco, las cuales consideran que Festival Park «no tiene nada de zona turística».
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