Josep Maria Aguiló06/10/04 0:00
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Los trabajadores de las dos canteras de Establiments -Can Rosselló y sa Garrigueta Rassa- se concentraron ayer frente a Cort para mostrar su oposición al decreto de cierre de la actividad extractiva, firmado la pasada semana por la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, que afecta a las empresas Contratistas Mallorquines Asociados, Gravillera Can Rosselló y Readymix Asland. Una representación del comité de empresa se reunió al mediodía con el teniente de alcalde de Urbanisme, el popular Javier Rodrigo de Santos, sin que al final se llegase a ningún acuerdo, por lo que los trabajadores anunciaron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones. En principio, el decreto será entregado hoy miércoles por la Policia Local a cada una de dichas empresas, que tendrán 48 horas para cerrar.

Las citadas canteras empezaron su actividad en los años cincuenta. Sin embargo, no fue hasta la década de los ochenta cuando las dos empresas que trabajaban en la zona solicitaron por primera vez la licencia de actividad. Tras varios años de contenciosos, Cirer ha decretado el cierre inmediato de las citadas instalaciones porque, tras la reciente apertura de dos nuevos expedientes, se ha comprobado que carecían de las preceptivas licencias municipales. Las dos canteras ya sólo podrán volver a abrirse, por un tiempo limitado, para que las empresas afectadas por el cierre ejecuten el plan de restauración al que están obligadas. De hecho, ya presentaron un plan en la pasada legislatura, que contó con una valoración favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient en abril de 2003, aunque sólo para realizar la primera fase, la demolición del muro central. La citada restauración podría suponer para dichas empresas un coste de seis millones de euros.

David Díaz, representante de USO, indicó que decenas de familias se verán afectadas por el cierre de las canteras «por falta de coordinación política entre Cort, el Consell y el Govern», dijo, para añadir: «A nadie le ha importado dejar en el paro a los trabajadores». Eusebio Ramón, representante de UGT, añadió que de las soluciones posibles «se ha tomado la peor». Ambos coincidieron en afirmar que es necesario ejecutar el plan de restauración. Por su parte, Rodrigo de Santos y el regidor de Treball, el popular Sebastià Sansó, indicaron que Cort, a través del Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF), intentará que quienes queden en el paro puedan encontrar un nuevo trabajo. «La responsabilidad de lo que ha ocurrido es sólo de las empresas», destacó Rodrigo de Santos, quien recordó que la Conselleria de Medi Ambient será, a partir de ahora, la encargada de aprobar un nuevo plan de restauración.