La alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, y el teniente de
alcalde de Urbanisme de Cort, el popular Javier Rodrigo de Santos,
dieron a conocer ayer que un auto de 19 de octubre del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma deniega la
suspensión del decreto de cierre dictado contra Gravillera Can
Rosselló por Cirer el pasado 30 de septiembre y ejecutado el 8 de
octubre.
La empresa afectada había pedido la suspensión cautelar de dicho
decreto apelando al artículo 135 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por tanto, a la
«especial urgencia» de la citada suspensión. No obstante, el auto
señala que si bien se pudo solicitar la suspensión del acto de
cierre con carácter previo a su ejecución, «no sólo no se realizó,
sino que se solicitó su suspensión once días después de su
ejecución», el 19 de octubre.
Para Cirer, dicho auto demostraría que a la hora de cerrar las
instalaciones de Gravillera Can Rosselló y de Readymix Asland -que
ha presentado un recurso de reposición- en las canteras de
Establiments el Consistorio actuó «conforme a un procedimiento
reglado» y demostraría también la validez del decreto de Alcaldía.
Rodrigo de Santos, indicó, por su parte, que «el compromiso de Cort
era hacer las cosas bien», y añadió que los partidos de la
oposición «deberían posicionarse sobre el decreto de cierre».
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