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J.J.S./LL.L.
Entre el colectivo de filólogos se ha hecho un llamamiento, difundido a través de correos electrónicos, para poner en marcha «medidas de resistencia pacífica y de insubordinación lingüística» contra el Govern. Concretamente, se convoca a profesores de catalán en institutos y asesores lingüísticos de las Administraciones públicas (Govern, Consell y ayuntamientos) a matricular a familiares en las pruebas para la obtención de los certificados A, B, C, D y E de catalán, amparándose en el hecho de que la presencia en las pruebas de familiares hasta cuarto grado de parentesco (padres, hermanos, cuñados, abuelos, sobrinos y primos) permite al examinador eludir esta responsabilidad. Si no lo hiciera, el resto de examinados podría impugnar la prueba.

En el llamamiento que circula en los correos electrónicos de los filólogos, se comenta que esta iniciativa tiene como objetivo «poner en evidencia la política fascista y dictatorial del Govern Matas, que impone y no negocia». En el mensaje se apunta que «es muy importante avisar al profesorado que aún no ha sido elegido a dedo para integrar un tribunal para que inscriba parientes en las pruebas, ya que a medida que el conseller d'Educació, Francesc Fiol, descarte profesores y sus suplentes ya nombrados, deberá sustituirlos por otros que ahora no están en las listas». Seguidamente, el mensaje enumera los lugares donde se pueden recoger y entregar los empresos de matrícula para acceder a las pruebas, y recuerda que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de octubre.

La medida es un tanto arriesgada. Si un inscrito en las pruebas de catalán reconoce que se ha apuntado para evitar que un familiar forme parte del tribunal evaluador, su matriculación quedaría anulada, pero se podría ir más allá. Este tipo de actuaciones, si se demuestran, pueden ser sancionadas por la Administración autonómica e incluso por instancias judiciales. Las pruebas de catalán ya han sido convocadas para enero y junio de 2005 y ya es público el listado de los miembros, titulares y suplentes, de los tribunales para los certificados A, B, C, D y E. Para los autores del llamamiento, «el Govern de Jaume Matas ha 'militarizado' el profesorado de catalán de los institutos y los asesores lingüísticos».