Medi Ambient prohibirá la caza en los terrenos no adscritos a cotos vedados

En definitiva, lo que pretende la Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, con Antoni Gómez como máximo responsable, es que la actividad de la caza se limite a los cotos vedados con gestión cinegética.

Esta medida fue anunciada ayer por el conseller de Medi Ambient, Jaume Font, durante su comparecencia parlamentaria para explicar los presupuestos de su departamento para 2005. La prohibición de cazar fuera de los cotos se articulará a través de la futura Llei de Caça i Pesca Fluvial.

Esta limitación se verá compensada por la creación de vedados sociales, a los que podrán acceder aquellos cazadores no adscritos a un coto vedado. La futura ley regulará la concesión de nuevas licencias mediante la creación del examen del cazador y promoverá la formación técnica de este colectivo.

Por otra parte, se incrementará la vigilancia a través de un cuerpo de auxiliares de los agentes medioambientales. Estos auxiliares serán aportados por la Federació Balear de Caça y serán formados en su cometido por la propia Conselleria. Asimismo, se reducirá en un 75 por ciento el pago de matrícula de los vedados y de los campos de adiestramiento de perros, siempre y cuando sean gestionados por sociedades federadas de cazadores. En otro orden de cosas, el conseller destacó el esfuerzo inversor en depuración de aguas y anunció la elaboración de un catálogo balear de especies amenazadas y de un bioatlas, una base de datos de distribución de todas las especies silvestres, en especial las protegidas. En este mismo apartado de protección de especies, existe un proyecto de reintroducción en Balears del «vell marí» (foca monje), extinguida en las Islas en los años 50. Para ello se recurrirá a ejemplares de colonias de otros lugares, entre los cuales se barajan Mauritania, Grecia y Portugal. La reintroducción podría aplicarse en la costa de Tramuntana de Menorca o en Cabrera.

Asimismo, Font anunció una línea de ayudas a propietarios mediante convenios de gestión para la protección territorial por valor de 1,5 millones de euros.