El reparto de las terminales del aeropuerto de Barajas ha sacado a
la luz la pugna soterrada que mantienen Iberia, Spanair y Air
Europa desde hace tiempo, que tuvo su colofón mediático a finales
del pasado año con el cisma en el seno de la Asociación Española de
Compañías Aéreas (AECA), con la creación de la Asociación de
Compañías Españolas de Transporte (ACETA), liderada por Iberia y
Air Europa, mientras que AECA está liderada por Spanair.
La historia se remonta a la pasada legislatura, en la que el
entonces ministro de Fomento, Francisco Àlvarez Cascos, «repartió»
la nueva terminal T-4 de acuerdo a unos criterios que no ha
respetado el actual equipo gestor.
En este sentido, la decisión de la actual ministra de Fomento,
Magdalena Àlvarez, revoca los acuerdos adoptados el 30 de junio de
2003 y 31 de marzo de 2004 por el anterior equipo del ente gestor
de los aeropuertos españoles, que le concedió a Spanair los
espacios de la nueva terminal T4 junto a Iberia.
Este cambio de actitud es lo que ha provocado la reacción airada
de la compañía que preside Gonzalo Pascual, quien en el último año
ha mantenido una pugna dialéctica con los responsables de Iberia,
entre ellos Enrique Donaire y el propio presidente de la aerolínea
Francisco Conte, con los que en algunos momentos ha habido más una
discusión airada y plagada de acusaciones.
Spanair, en defensa de sus intereses, ha advertido que la
resolución de AENA por la que adjudica a Iberia y a la alianza de
la que forma parte Oneworld, la cuarta terminal del aeropuerto de
Madrid-Barajas, puede producir importantes perjuicios a Spanair y a
sus aliados por lo que podrían ser indemnizados.
Y como no era de extrañar, las patronales aéreas también han
entrado a trapo. Así, AECA y la Asociación de Compañías Aéreas de
España (ACA), de las que forma parte Spanair, rechazaron ayer de
plano el actual reparto y calificaron la decisión de AENA de
«arbitraria y discriminatoria».
En su opinión, el equipo directivo de AENA, que preside Manuel
Azuaga, «ha dejado pasar una oportunidad para poner las bases de
una política aérea basada en la libre concurrencia de
aerolíneas».
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